La violencia en la Transición adoptó diversas formas. Por un lado, existió una represión indiscriminada para sofocar las movilizaciones ciudadanas que demandaban cambios sociales y políticos. La policía intervino en manifestaciones y protestas de manera desproporcionada, lo que resultó en enfrentamientos violentos y, en algunos casos, en la pérdida de vidas inocentes.
Por otro lado, grupos terroristas de extrema izquierda como ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) jugaron un papel desestabilizador, llevando a cabo atentados con el objetivo de socavar el proceso democrático. Estas organizaciones, que ya habían operado durante la dictadura franquista, continuaron su actividad violenta en busca de objetivos radicalmente opuestos: ETA buscaba la independencia del País Vasco, mientras que los GRAPO perseguían la instauración de un sistema comunista en España.
Sus acciones terroristas sembraron el miedo y la inseguridad en la sociedad, amenazando la estabilidad del incipiente sistema democrático. Los atentados perpetrados por estos grupos se cobraron muchas vidas y dejaron heridas profundas en la memoria colectiva del país.
Además, sectores ultraderechistas radicalizados, como la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) y Fuerza Nueva, perpetraron atentados y asesinatos contra militantes de izquierda, estudiantes, abogados laboralistas y otras personas comprometidas con la lucha por una sociedad más justa y democrática. Estos crímenes, muchas veces con la complicidad de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, sembraron el miedo y la desesperación en la sociedad.
Uno de los momentos más trágicos de la Transición fue la llamada «Semana Negra» en enero de 1977. Durante esos días, se sucedieron una serie de acontecimientos violentos que dejaron un saldo devastador.
Comenzó el 23 de enero con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz, un joven de 19 años, durante una manifestación a favor de la amnistía en Madrid. El crimen fue reivindicado por la ultraderechista Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A). Al día siguiente, el 24 de enero, se produjo la muerte de otra estudiante, María Luz Nájera, durante una carga policial en una manifestación precisamente en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. La represión policial desencadenó una violencia incontrolable y sumió a la ciudad de Madrid en una atmósfera de agitación y desesperación.
Esa misma noche, cinco abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España (PCE) y Comisiones Obreras (CCOO) fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha. El atentado fue perpetrado por miembros de la extrema derecha y se convirtió en uno de los actos más sangrientos de la Transición. Cuatro abogados murieron en el acto y uno más murió días después a causa de las heridas. Además, otras cuatro personas resultaron gravemente heridas.
El homicidio de Arturo Ruiz y los crímenes de Atocha comparten la característica de haber sido cometidos por miembros de la extrema derecha. Los acontecimientos ocurrieron dentro de un período de 48 horas, lo que intensificó el impacto emocional y político en la sociedad española y pusieron de evidencia la existencia de grupos violentos que trataban de sabotear el proceso de democratización y perpetuar la violencia heredada de la dictadura.
Además de estos eventos, otra figura trágica surgió en medio de la «Semana Negra»: Yolanda González Martín, una estudiante bilbaína de 19 años. Yolanda se había afiliado a las Juventudes Socialistas de España y se había involucrado con la corriente Izquierda Socialista, evolucionando hacia el trotskismo. El 1 de febrero de 1977, fue secuestrada y asesinada por miembros de la ultraderechista Fuerza Nueva. Su compromiso ideológico la convirtió en una víctima más de la violencia política que se vivía en aquel momento.
Estos acontecimientos de la «Semana Negra» sacudieron a la sociedad y evidenciaron la necesidad de abordar la violencia y la intolerancia que aún prevalecían en algunos sectores. Los hechos de enero de 1977 no solo representan una trágica semana en la historia de España, sino que también reflejan las tensiones y los desafíos que enfrentó el país durante la Transición hacia la democracia.
La violencia política no solo cobró vidas, sino que también generó un clima de tensión y polarización que dificultó el proceso de construcción de consensos en la sociedad española. Las heridas emocionales y políticas de aquellos años todavía perduran en la memoria colectiva, y la justicia para las víctimas y sus familias se ha convertido en una deuda pendiente en muchos casos.
En medio de este panorama oscuro, también hubo numerosos episodios de valentía y resistencia. Ciudadanos anónimos y organizaciones civiles abogaron por la reconciliación y la paz, manteniendo vivo el espíritu de diálogo y colaboración que permitió superar los desafíos de la Transición.
Hoy, a más de cuarenta años de aquellos acontecimientos, es importante reconocer y reflexionar sobre la violencia que acompañó la Transición española. Recordar a las víctimas y honrar su memoria es esencial para construir una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos. Asimismo, debemos aprender de los errores del pasado y defender una cultura política basada en el respeto, la tolerancia y el diálogo como pilares fundamentales de nuestra democracia.
Si bien comparado con otros procesos de transición en el mundo, el coste en vidas durante esta etapa en España puede parecer menor, no debemos minimizar su impacto. Reconocer y aprender de este pasado nos ayudará a consolidar una democracia más firme y duradera, donde prevalezcan la paz, la convivencia y la memoria histórica. La Transición española es un recordatorio de la resiliencia del pueblo español y la importancia de enfrentar el pasado para construir un futuro más iluminado.
